Continúan las conversaciones, los contactos, para proceder a una renovación integral de la estructura de la Comisión Islámica de Melilla (CIM), tal y como se explicó en en el número anterior de esta sección.
Comenté entonces que la CIM es una organización compuesta a su vez por cuatro asociaciones religiosas inscritas en el censo gubernativo de Melilla (Asociación Religiosa Musulmana, Comunidad Musulmana, Consejo Religioso Musulmán, y Asociación Badr) y tiene una estructura basada en una comisión permanente de 12 miembros (tres designados por cada asociación) y 4 secretarios generales (uno de cada asociación). También señalé que esta estructura contenta a pocos de sus miembros porque, debido a su complejo funcionamiento dependiente de quienes sean los secretarios generales de turno, se ha mostrado poco operativa en determinados temas y, especialmente, cuando no existe acuerdo a nivel nacional entre las dos federaciones que componen la Comisión Islámica de España (UCIDE y FEERI) porque las asociaciones melillenses pertenecen a una u otra federación.
El hecho de que ahora se haya llegado a un principio de acuerdo para llevar a cabo, a través de sufragio universal entre todos los/as musulmanes/as residentes en Melilla, unas elecciones para elegir al representante de la comunidad musulmana ha levantado esperanzas en determinados sectores, en el sentido de que una representación democrática del culto islámico en Melilla puede conseguir que se solucionen los problemas tradicionales. Entre estos, las fuentes consultadas destacan la problemática derivada de enseñanza del Islam en los centros educativos y, especialmente, en los institutos en donde todavía no se imparte.
Otro de los problemas pendientes es que en Melilla, salvo en la Asociación Badr, -según indican otras fuentes- no se legalizan las actas matrimoniales por el culto islámico y gran parte de la población acude a realizarlo a Marruecos. Necesidad que crea una cierta dependencia del país vecino que no es bien vista por parte de un sector de la ciudadanía. De hecho, la presencia del Gobierno marroquí en los temas religiosos de la comunidad musulmana de Melilla es permanente y es reconocida por las fuentes consultadas que señalan la dependencia que existe del Consejo Superior de Asuntos Religiosos marroquí para la designación de los imames de las diferentes mezquitas melillenses. Se quiera o no reconocer, el visto bueno para su nombramiento pasa por Nador y parte de su sustento procede del vecino país.
Se augura complicado el proceso que se quiere llevar a cabo en los próximos meses porque éste pasa, en un principio, porque las diferentes mezquitas, la mayoría de propiedad privada, pasen a tener entidad jurídica propia y ser la base de la estructura que culminaría en una asamblea de representantes de éstas que daría a su vez legitimidad a un órgano de gobierno.
La figura jurídica resultante del proceso electoral sería la voz reconocida para gestionar el patrimonio (léase Mezquita Central, cementerio,...) y unificar criterios en todos los asuntos que atañan a los musulmanes como comunidad. También apuntan que esta nueva figura jurídica podría contratar a los imames y así estos legalizarían su situación laboral pues, según comentan, hay algunos que no cotizan a la Seguridad Social ya que están remunerados por los fieles de las mezquitas.
El camino no es fácil y los primeros obstáculos, como escribí en el anterior artículo, están en la actual composición de la CIM pues una de las asociaciones, la Comunidad Musulmana, hasta ahora ha permanecido ausente de las conversaciones que se han mantenido. Tampoco hay que olvidar la presencia de la política en todo este proceso. Como en todos los sectores ciudadanos asociativos, los diferentes partidos políticos tratan de situar a sus candidatos y ya en las diferentes formaciones se ha discutido sobre el tema y elegido una opción a apoyar.
Por el momento es tiempo de espera que no será muy largo, a la vista de la proximidad del mes sagrado de Ramadán y lo que ello significa en cuanto a posibilidad de conversaciones.
Ahora la clave está en encontrar a las personas que tengan la credibilidad y el respeto necesario para hacerse cargo de una gestora que garantice que el proceso sea democrático y transparente.