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Las formas

Archivado en La Nota de Melilla • Fecha: 08-06-2007 14:02:32

El secretario general del Partido Socialista de Melilla-PSOE, Dionisio Muñoz, informó ayer de la resolución judicial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Melilla en la que se reconoce que el 27 de mayo de 2005, en la interrupción (suspensión o levantamiento) que realizó del pleno de control al Ejecutivo local, la vicepresidenta de la Asamblea, Cristina Rivas, se conculcaron “no sólo el derecho a la participación en los asuntos públicos de los tres diputados socialistas, sino de los miles de ciudadanos melillenses a quienes representan”.

Dos años han pasado para que la justicia dictaminara. Demasiado tiempo. Ya de poco vale. Dos días después de aquel “levantamiento” del pleno escribí lo siguiente: “... tenemos derecho a conocer qué querían preguntar los grupos de la oposición y más después del ‘aborto’ del pleno, del ‘corte’ de una sesión de los representantes elegidos democráticamente. Lo ocurrido el pasado viernes es un atentado a la libertad y si la presidenta se equivocó, al decir ‘se levanta’, en vez de ‘se suspende’, no disculpa lo ocurrido, fue un gesto autoritario que la deslegitima para presidir en el futuro otra sesión plenaria. Señalo ésto pues existe el agravante de las declaraciones previas, que efectuó días precedentes, sobre la aplicación rigurosa que iba a realizar del Reglamento de la Asamblea durante la sesión abortada. Su papel debe ser de árbitro del debate, no de gobernanta”. Ahora, después de tanto tiempo, ¿de qué sirve?. Por lo menos queda que Rivas se equivocó.
 
En cuanto a rentabilidad política, la publicación de la resolución judicial de poco sirve pero, al menos, da la razón a aquellos que señalan que la vía más correcta para los litigios políticos es la administrativa, no la penal que es más restringida para conocer quién tiene razón, tan sólo busca la culpa. O existe ésta, o nada de nada. Disparo al vacío.
 
Señalo esto último porque ayer el presidente en funciones de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, dio a conocer también una resolución judicial, en este caso del Tribunal Supremo, que ha desestimado una querella, por presunta vulneración de los derechos cívicos (de la información), presentada por Coalición por Melilla (CpM) contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma. Juan José Imbroda informó que en la sentencia se señala que “en la querella no se aprecia la existencia de una clara voluntad de impedir el derecho de información… declara la competencia de esta sala para conocer los hechos contenidos en la querella y no admite la misma por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, con el consiguiente archivo de las actuaciones”. Quizás este tema tendría que haberse llevado también por la vía administrativa y, es posible que, al tiempo, el sentido de la sentencia hubiera sido diferente. Yo, como ciudadano, en primer lugar, sólo quiero saber si las cosas se hacen correctamente y, después, si se hacen mal y ha existido daño, buscar al culpable.
 
Los partidos políticos deben primero buscar la verdad y no, como suele ocurrir en esta ciudad, intentar que el contrario “pague” su presunta culpa sin haber demostrado ésta antes.

Las formas son importantes y la elección del camino a seguir es crucial, aunque sea lento.

Escrito por Miguel Gómez Bernardi
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