Amnistía Internacional (AI) ha hecho público hoy un comunicado en el que recuerda que un año después de "la crisis de las vallas", durante la cual murieron 13 personas migrantes y hubo cientos de heridos al tratar de entrar en Ceuta y Melilla, "aún no han concluido las investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron en los incidentes, y no se han tomado medidas preventivas".
En el comunicado la organización expresa su preocupación por "la falta de garantías de que las investigaciones van a ser minuciosas, imparciales y efectivas y por la ausencia de medidas disciplinarias en relación con las muertes y el maltrato de los migrantes". Esto supone para AI que, en la práctica, "hasta ahora existe una situación de impunidad".
"Las autoridades de España y Marruecos no sólo hicieron un uso excesivo de la fuerza para devolver a estas personas migrantes y solicitantes de asilo, sino que en muchos casos las expulsaron inmediatamente y en masa a países donde podrían correr peligro de ser torturadas o sufrir otros malos tratos", ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
El comunicado de AI, que no está lejos de la verdad en sus apreciaciones, es duro con los responsables de seguridad e inmigración de España y Marruecos con respecto a los citados incidentes y el seguimiento que se ha efectuado hasta el momento pero, quizás, el contenido del comunicado esté desfasado en el tiempo ya que se refiere al año pasado y no está actualizado con respecto a la situación que hoy viven las dos ciudades y su entorno. En su lectura se tiene la sensación que las circunstancias que se dieron entonces todavía permanecen y así se desprende en una alusión que hace a julio de este año.
Quizás sea momento de revisar la situación actual de los inmigrantes que hay en la zona marroquí cercana a Melilla para conocer su número y su drama, así como los cambios que se han efectuado en el interior de la ciudad con respecto a la atención del inmigrante. Los responsables públicos debieran actuar en comunicación y cambiar la percepción que se tiene procedente de hemerotecas e informes desfasados.