El Partido Socialista de Melilla-PSOE explicó ayer el sentido de la intervención que pretendía realizar la diputada local Celia Sarompas en el Pleno de la Asamblea del pasado viernes cuando fue interrumpida por el presidente de la Asamblea y del ejecutivo, Juan José Imbroda, y, también, valoró algunos de los efectos derivados de este hecho. En rueda de prensa ante los periodistas, Sarompas coincidió ayer en su explicación con algunos de los aspectos del comentario que realicé el sábado en esta sección, referentes a la dimisión de Imbroda como presidente de la Comisión de Control de Contrataciones que debía de investigar la primera adjudicación del Servicio de Recaudación a una empresa privada que se efectuó en 1996, así como confirmó también algunos hechos vinculados al actual proceso de adjudicación del Servicio de Recaudación.
No obstante, ni Sarompas, ni el secretario general de su formación, Dionisio Muñoz, aportaron nuevos datos al respecto, se limitaron a confirmar o reiterar algunos de los aquí escritos o de los expuestos por José Luis Estrada (PSME-PSOE) en el Pleno de la Asamblea del 18 de noviembre, y, a la vista de lo publicado, parece ser, se centraron en valoraciones políticas entre las que llaman la atención que, según dijeron, el tema de "Asesores Locales" provocó, entre otros factores, la moción de censura a Ignacio Velázquez, o que la empresa adjudicataria es catalana y vincularon este origen a la campaña que lleva el Partido Popular sobre el Estatut de Cataluña. Estas apreciaciones de Sarompas y Muñoz me sorprenden porque, entiendo, desviaron la atención de los asistentes a la rueda de prensa sobre la esencia del hecho noticiable. Señalo ésto porque, después de escuchar los informativos radiados, ver el telediario de TVM y leer los periódicos, pocos datos, de los cuestionados o polémicos, se han publicado y la ciudadanía volverá a quedarse con la sensación que todo este proceso denunciado es un nuevo capítulo sin más en el enfrentamiento político al que estamos tan acostumbrados. En esencia, ayer eché en falta a José Luis Estrada, quien en el Pleno de la Asamblea del 18 de noviembre desarrolló una buena línea argumental sobre todo el proceso denunciado ahora por su partido.
El consenso
El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, comentó ayer que es una irresponsabilidad del Ejecutivo local consensuar una serie de medidas con Ceuta sin haberlas debatido antes con las formaciones que conforman la Asamblea de la Ciudad, en relación al encuentro que se materializará hoy entre representantes de los gobiernos de las dos Ciudades Autónomas, una jornada antes de que sean recibidos por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. No le falta razón a Aberchan, quien en reiteradas ocasiones ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, que dialogue, pacte, con los demás partidos antes de tomar decisiones que afectan a la ciudad.
Es cierto que el gobierno del Partido Popular dispone de una mayoría absoluta incuestionable pero, también es cierto, la democracia se caracteriza por el respeto a la opinión de las minorías y, por lo visto hasta ahora, Imbroda desecha cualquier opinión, incluso sin conocerla. Ejemplos de ésto no faltan en temas como el Estatuto de Autonomía, la visita de Rodríguez Zapatero y, ahora, el encuentro con Jordi Sevilla.
Sin embargo, me ha extrañado que, por otro lado, Mustafa Aberchan, solicitase ayer de Imbroda que se posicione sobre las caricaturas de Mahoma aparecidas en un periódico danés y que tanta polémica han provocado. En los últimos meses, desde que estalló la "Crisis de las Vallas", se ha criticado mucho a Imbroda por opinar de todo lo opinable y así centrar en su persona todo lo relacionado con Melilla. Por ello me ha extrañado mucho que, ahora, Aberchan pida una declaración del Ejecutivo sin haberla "consensuado" antes con los demás grupos de la Asamblea. No es lógica esta petición de Aberchan precisamente en un tema extremadamente sensible para una ciudad tan peculiar como Melilla. Lo lógico y coherente con anteriores requisiciones sería una declaración institucional consensuada.