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El Gobierno se "enroca" y nuevo "guirigay" en la Asamblea

Archivado en La Nota de Melilla • Fecha: 04-02-2006 13:18:23

Es difícil evaluar lo que ocurrió ayer en el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma como consecuencia del debate del punto de la adjudicación del Servicio de Recaudación a la empresa Tribugest. Es complejo porque hay que retroceder más de nueve años para analizar en profundidad qué se estaba debatiendo, por lo menos así lo entiendo yo y, según intuyo, también la diputada del PSOE Celia Sarompas, quien, en el inicio de su intervención, intentaba explicar el tema partiendo del año 1996 pero no pudo hacerlo porque el presidente de la Asamblea y del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, se lo impidió, le quitó la palabra sin más. El resto de lo sucedido en la sesión plenaria ya lo conoce usted lector/a, se pudo escuchar en los informativos radiados, ver en la televisión pública TVM o lo puede leer hoy en los periódicos: se perdieron los papeles, Sarompas se "rompió" y no supo reaccionar con cortesía parlamentaria. Al final, la oposición se levantó airada antes de que el presidente diera por finalizada la sesión plenaria.
 
   En la hemeroteca, archivos varios y en la memoria general, la sesión plenaria quedará como un capítulo más del desencuentro existente entre los dos bandos que componen la Asamblea de la Ciudad en la actual corporación y poco más. La ciudadanía en general está acostumbrada a este tipo de espectáculo y no suele disponer de los datos necesarios para evaluar qué pasó o qué pasa en situaciones de este tipo, son demasiados los porcentajes y las referencias normativas que se citan para que la esencia del debate sea transmitida con claridad y, al final, queda en la memoria colectiva un nuevo pasaje salpicado de calificativos como "dictador", "puesta en escena",... etc imágenes que desacreditan nuestro sistema democrático en su expresión de ámbito local y, aquí, en esta ciudad, evidentemente, con rango de autonomía.

Los hechos
 
   El tema de la adjudicación del Servicio de Recaudación saltó a los titulares el pasado 18 de noviembre y ese día, en esta sección, realicé una pequeña referencia al pasado (ver) porque, como muchos periodistas, asistí a algunos pasajes de la polémica que surgió en 1996, cuando era presidente de la Ciudad Ignacio Velázquez Rivera (PP). Aquel tema se denominó "Caso Asesores Locales" y se trataba de la adjudicación por vez primera del Servicio de Recaudación a una empresa privada. Tengo que recordar públicamente que aquella polémica fue liderada por el desaparecido semanario "El Faro" (ver), dirigido por Juan José Medina, hoy director de la televisión pública TVM, y que ocasionó, entre otros efectos secundarios, que Juan José Imbroda Ortiz dimitiera como presidente de la Comisión de Control de Contrataciones y Licitaciones (ver) por ser obstaculizada su gestión de investigar lo denunciado por el citado semanario.
 
  Quizás ayer Sarompas, antes de ser cortada en su intervención, pretendía hacer un resumen cronológico en el que vincular a "Asesores Locales" con la actual situación pero no pudo ser, lo abortó Imbroda. Afortunadamente, para seguir ese hilo cronológico, he encontrado en Internet, en el espacio web de una empresa especializada en informes comerciales, en un apartado de información complementaria sobre la empresa Tribugest Gestión de Tributos, S.A. que: "La Junta General de fecha 01/06/00, acordó la fusión por absorción de GALOP BURGOS SL NIF: B09064122 por parte de TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA NIF: A61564159. según anuncio publicado en Borme Sección 2 del 21/06/00. La Junta General de fecha 31/10/00, acordó la fusión por absorción de TRIBUGEST CATALUNYA AIE NIF: G17551540, ASESORES LOCALES SA NIF:B29712171 por parte de TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA NIF: A61564159, según anuncio publicado en Borme Sección 2 de 15/11/00".
 
  Esta información es importante porque la fusión se hace antes de que se produzca la nueva adjudicación del Servicio de Recaudación, que se efectúa el 4 de abril del 2001 (ver BOE), a la empresa TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS, S.A., por cuatro años, con los siguientes precios:






- Por la prestación del servicio de colaboración en la gestión tributaria y la recaudación voluntaria de los Tributos Locales, excluidos el IPSI: Gestión tributaria 1 por 100, recaudación voluntaria 3 por 100.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la gestión tributaria y la recaudación voluntaria del IPSI: Gestión tributaria 1 por 100, recaudación voluntaria 3 por 100.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la recaudación ejecutiva: 50 por 100 del recargo reglamentario de apremio de lo cobrado en ejecutiva.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la gestión administrativa de la Tasa del Juego: 250.000 pesetas mensuales.

Los porcentajes anteriores incluyen la totalidad de los impuestos que sean de aplicación, incluido el IPSI.

  

Han pasado cuatro años y en los pliegos de condiciones para la nueva adjudicación, objeto inicial de la polémica surgida ahora, los grupos de la oposición han denunciado que se ha cambiado: la modalididad del contrato, de prestación de servicios a contrato administrativo especial, que conlleva una ampliación del plazo de duración de la adjudicación a diez años, prorrogable anualmente a su término; así como que se puntúe en la valoración de empresas candidatas la experiencia en gestión de IPSI (un impuesto que sólo hay en Ceuta y Melilla); que en la subrogación del personal se detalle el personal existente con nombresy apellidos y la cuantía de sus remuneraciones; y los incrementos en los precios o comisiones en la nueva adjudicación:






- Por la prestación del servicio de colaboración en la gestión tributaria el 2 por 100, del total de los recibos, autoliquidaciones y liquidaciones de ingreso directo gestionadas.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la recaudación voluntaria el 4 por 100, del total de la recaudación líquida de recibos y liquidaciones de ingreso directo.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la recaudación ejecutiva: a) el 20% sobre el total de la recaudación efectiva obtenida por el principal e intereses de demora -excluyendo, en consecuencia, las cantidades recaudadas por el recargo de apremio- de los créditos tributarios y demás de derecho público que se le encomienden. b) El 1% de los derechos datados en bajas.

Por la prestación de la colaboración en la comprobación e inspección tributaria, el 15 % de la cuota tributaria liquidada, en el caso de que las actuaciones realizadas concluyan con la liquidación tributaria correspondiente o la liquidación de un expediente sancionador.

- Por la prestación del servicio de colaboración en la gestión del Juego: 2.000 euros mensuales mensuales.

  

Además de estos aspectos del proceso de adjudicación que la oposición no ha visto aclarados convenientemente, hay otros hechos que todavía quedan en el aire. Por el ejemplo, el que se refiere al cambio, o relevo, del secretario técnico de la Comisión de Hacienda de forma sorpresiva, con el hecho peculiar que el último designado tiene que emitir un informe sobre la viabilidad legal del pliego de condiciones en tan sólo 24 horas desde que toma posesión de su nuevo destino, el mismo día en que se celebraba el Pleno de la Asamblea (18 de noviembre) en el que se aprobó el citado pliego sólo con los votos del Partido Popular. La prueba de ésto se refleja en el escrito del nuevo secretario (ver) en el que, además, señala que "existiendo informe evacuado por la Dirección General de Hacienda-Intervención se suscribe lo indicado en el mismo". Ahora bien, el informe del director general de Hacienda-Intervención, es cuestionado por los grupos de la oposición que comentan a este periodista que existe vinculación del firmante con personal de la empresa adjudicataria, situación que ya se señaló en el "Caso Asesores Locales", hace casi diez años. Quizás por ello, hay que añadir, en la documentación existente del expediente de la actual adjudicación se añade otro informe (ver) sobre el pliego de condiciones, que es efectuado por el director general de Patrimonio y Contratación, firmado el 16 de noviembre, en el que suscribe que "coincide con la opinión doctrinal contenida" en el informe del director general de Hacienda-Intervención. Sin embargo, según comentan los grupos de la oposición, el informe del director general de Patrimonio y Contratación, no es preceptivo legalmente.
 
   Espero que con este aporte cronológico de datos usted, lector/a, disponga ahora de la información suficiente para poder evaluar mejor lo que ocurrió ayer en la sesión plenaria y comprenda por qué el Gobierno se "enroca" y crispa los nervios de la oposición, hasta tal punto que algunos de sus miembros se olviden de informar a la ciudadanía convenientemente, pues así, entiendo, debió hacerlo Sarompas al término de la sesión plenaria y no centrarse en la evaluación de lo ocurrido. Al final, en el recuerdo colectivo sólo quedará, como dice una editorial de hoy, "un nuevo guirigay".

Escrito por Miguel Gómez Bernardi
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Referencias (URL para referencias)

[...] sección, referentes a la dimisión de Imbroda como presidente de la Comisión de Control de Contrataciones que debía de investigar la primera adjudicación del Servicio de Recaudación a una empresa privada que se efectuó en 1996, así co [...]


Referencia de :: Melilla en la red :: el 02/09 a las 08:26

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