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La regulación de los medios audiovisuales a debate

Archivado en La Nota de Melilla • Fecha: 27-12-2005 12:07:26

El pasado 22 de diciembre el diario "El País" informó que el Consejo de Ministros tiene listos para su aprobación dos anteproyectos de ley que cerrarán la ambiciosa reforma audiovisual que el Gobierno puso en marcha el pasado verano: la Ley General Audiovisual y la Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Según el diario, ambos textos han pasado ya por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y han recibido el informe favorable del Consejo de Estado y se espera que en los últimos días de enero o primeros de febrero, el Consejo de Ministros de luz verde a ambos textos para que sean remitidos al Congreso de los Diputados.

La noticia publicada por el diario madrileño tuvo rápida respuesta en el portavoz de la Comisión Constitucional del PP, Federico Trillo, quien manifestó que "pretender crear un órgano regulador de la libertad de expresión es manifiestamente inconstitucional y atentaría, además, a un pilar esencial del régimen democrático". Trillo declaró a Europa Press que "no hay encaje constitucional en una democracia para crear un órgano regulador de las libertades fundamentales, que no se pueden confundir con las actividades económicas -como la energía o el mercado de valores- en los que hay que conciliar el interés general y el interés privado: normas sobre la competencia, sectores estratégicos, etc".
 
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Control de RTVE, Oscar López, replicó las palabras del dirigente popular el mismo día: "no puede entenderse que el PP diga ahora que poner en marcha el Consejo Audiovisual es manifiestamente inconstitucional y es una forma de censura, teniendo en cuenta que en el mes de octubre los populares votaron en el Congreso a favor de una proposición de Ley Orgánica de creación del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, presentada por CIU, y defendieron la necesidad de aprobar esta proposición".
 
Sin embargo, la difusión dada al proyecto del Gobierno se vinculó a la reciente aprobación en el Parlamento de Cataluña del proyecto de ley de reforma del Consejo Audiovisual de Cataluña que amplía sus facultades en su ámbito competencial. Sobre esta ley la Federación de Asociaciones de la Prensa de España emitió un comunicado en el que señala que: "De un tiempo a esta parte constatamos amenazas muy serias al ejercicio de la profesión. A la precariedad, a la presión y la arrogancia de las fuentes, se unen ahora facultades administrativas para administrar la libertad. Mal camino y mal futuro. La amenaza es a los periodistas pero tiene como víctimas a los ciudadanos. Esos vientos son simultáneos al pronunciamiento de algunos políticos en ejercicio que piden el cierre de medios de comunicación que les critican o que simplemente no les gustan. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) será beligerante contra esos intentos e instará a presentar recursos de inconstitucionalidad allí donde se quiera conculcar el derecho fundamental a la libertad de expresión. La libertad de prensa no admite más límite que la Constitución y los tribunales de justicia. A los políticos les instamos a que se abstengan de intentar gestionar medios y periodistas, de marcar la agenda y lo que debe o no saberse. Respetar la libertad de prensa es un prerrequisito de la democracia. Recuerden aquello de que entre una democracia sin prensa y una prensa sin democracia, me quedo con la segunda. Lo dijo un demócrata hace doscientos años".
 
Pero no existe unanimidad sobre el tema en las asociaciones profesionales de periodistas, ya que la Agrupación General de Periodistas de la UGT (AGP-UGT) manifestó el apoyo de esta organización de periodistas a "la regulación legal de derechos y deberes. Hay que poner en evidencia la incoherencia de quienes se amparan en una ley (la primera y de mayor rango normativo) que protege constitucionalmente la libertad de expresión, para exigir que no se regule legalmente el ejercicio de esa libertad". Según AGP-UGT, "llama poderosamente la atención que algunos medios y algunos sectores sociales poderosos se aferren al concepto, que por ser constitucional también tiene fuerza de derecho positivo, sin aceptar de ninguna manera que se sancione el incumplimiento. La trasgresión de un derecho comporta que se conculque el ajeno, merecedor de la suficiente protección. Se deben establecer medidas punitivas para reparar la lesión del derecho ajeno". Por último, la AGP-UGT reclama la creación de un consejo audiovisual estatal, y de consejos autonómicos, y la aprobación de un estatuto profesional para el ejercicio del periodismo, "un estatuto que proteja a los periodistas y a la sociedad de los abusos de quienes se creen con poder para imponer sus criterios por la fuerza del dinero o por la fuerza de la tinta o los micrófonos".
 
También la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha defendido, a través de un comunicado difundido por vertele.com, la necesidad de que el Consejo Audiovisual Estatal vigile el respeto de los medios audiovisuales a la Constitución y "sancione el incumplimiento de los criterios deontológicos periodísticos elementales", ya que, recuerdan, estos medios utilizan radiofrecuencias concedidas por las administraciones públicas y por ello deben respetar estos principios básicos. La organización opina "que un órgano independiente vigile el cumplimiento de esas obligaciones no es una censura como la que existía en el franquismo, ni tampoco una suplantación del papel de los jueces" y señala que "existen muchas conductas periodísticas contrarias a las más elementales normas deontológicas que no constituyen delito, pero que son defendidas por sus autores bajo el paraguas de la libertad de expresión: son éstas las que deben ser sancionadas por un órgano independiente, puesto que los jueces no lo van a hacer al no entrar en el terreno delictivo".
 
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, aseguró que la creación del Consejo del Audiovisual español es para "defender los derechos de los ciudadanos y no socavarlos", y recordó que España es el único país europeo que carece de una autoridad estatal sobre los medios de comunicación. Según el diario "La Vanguardia", De la Vega aseguró que el anteproyecto que prepara el Ejecutivo establece "desapoderar a la Administración de la capacidad sancionadora para atribuir esta función a un organismo independiente emanado del Parlamento", al igual que sucede en Catalunya. La vicepresidenta aseguró que este proyecto tiene como misión garantizar que se cumpla la ley "y que lo hagan todos los medios audiovisuales que operan en España" para añadir que "las leyes establecen sanciones en la regulación de un ámbito, y de hecho actualmente se están imponiendo por la Administración, pero estas sanciones son recurribles ante los tribunales".
 
Sin embargo, en declaraciones a la Cope, Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha explicado que "un órgano administrativo no puede tener competencias para tomar decisiones sancionadoras respecto a medios de comunicación por posibles vulneraciones o infracciones en el ejercicio de la libertad de prensa". Además, ha recordado que "estamos ante un derecho fundamental de la democracia" y que por ésto confía en que el máximo órgano de los jueces sea consultado por el Gobierno para determinar las competencias del futuro órgano (ver Libertad Digital).
 
También hoy el diario ABC publica un artículo de opinión de José Manuel Villar Uríbarri, abogado del Estado excedente y doctor en derecho, en el que señala que "la ley catalana y el anteproyecto de Ley estatal, si llega a convertirse en ley, suponen una quiebra de la tradición legislativa democrática en España, consolidada desde la instauración de nuestro sistema de libertades, y un claro e injustificado recorte de éstas". Además, entre otras consideraciones, Villar Uríbarri apunta que el anteproyecto de ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales determina que éste se habrá de erigir en garante de la "ética" y de "la veracidad de la información suministrada por los complejos y poderosos grupos de comunicación actuales", olvidando que "la garantía constitucional del pluralismo informativo se ejerce por los particulares frente al poder político, que, en materia de medios audiovisuales, tiene una gran capacidad de intervención a través de sus potestades normativa y de ejecución, sin que pueda ser ese mismo poder el encargado de poner coto a sus posibles excesos y abusos".

Escrito por Miguel Gómez Bernardi
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