Me ha sorprendido la escasa difusión que ha tenido el anuncio que efectuó ayer el diputado de Coalición por Melilla (CpM), Abdelhamid Mohamed, sobre la presentación de una moción de su grupo en la Asamblea de la Ciudad relativa a los convenios de publicidad que mantiene el Ejecutivo con las empresas de los medios de comunicación de ámbito local.
Según cuenta el diario Melilla Hoy, Abdelhamid Mohamed Hammu éxplicó que la moción tiene el objetivo de que “se regulen de forma correcta” los citados convenios ya que, añade el diario, CpM sospecha que existen “irregularidades” en ellos y pretende que “sean avalados por informes jurídicos”, así como cuenten con el refrendo de todos los grupos de la Asamblea.
En su intervención, continúa el diario, Mohamed Hammu señaló que el gasto de la Ciudad Autónoma en estos convenios se eleva a los 4.500 euros por medio (se entiende que debe ser una cantidad mensual), constituyendo “un despilfarro de dinero público” porque “estas subvenciones, en el caso de algunos medios, no se ajustan a las tiradas, a las ventas ni a las retribuciones para el personal que trabaja en los mismos”. Hammu indicó que “tampoco hay un criterio objetivo para el reparto de publicidad”.
Satisface que Coalición por Melilla reinicie este tema nuevamente porque siempre he defendido que es necesario enmendar la actual situación. Ahora bien, la utilización del término "subvención" no creo que sea adecuada ya que existe una contraprestación que está estipulada en los originales contratos suscritos por Ejecutivo local y empresas. No obstante, sí estamos de acuerdo con el diputado de CpM en el fondo de la cuestión: que el reparto de una cantidad, fijada y aprobada por el Pleno de la Asamblea, debe distribuirse en base a unos criterios lógicos que garanticen la rentabilidad del gasto público según la difusión y que en la contratación debe existir libre concurrencia, igualdad y equidad. Asimismo, también es lógico que desde aquí defienda que las empresas que concurran, o participen a esta futurible oferta pública, deben cumplir el mínimo exigible en las condiciones laborales de sus trabajadores, es decir, la existencia de convenios colectivos laborales que reconozcan y salvaguarden el buen hacer profesional.
Lo cierto es que, después de todo lo que he escrito sobre el tema, tengo pocas esperanzas en que se efectúe un cambio en la relación contractual con los medios locales de comunicación que ha hecho sospechar a muchos que el "poder" puede ejercer sobre ellos una "supuesta" mediatización. Señalo ésto porque ha entrado en escena un nuevo factor en este sector; me explico: he podido leer el borrador que tiene redactado el Ejecutivo del "Reglamento Regulador de la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre en la Ciudad Autónoma de Melilla". Este título engloba una normativa que, traducida al lenguaje coloquial, quiere decir que a Melilla le ha correspondido el Canal múltiple 61 de televisión digital por el que se pueden emitir cuatro programaciones diferentes, de éstas, dos se las reserva el Gobierno local para su gestión y las otras dos tienen que salir a oferta pública. Hasta aquí bien, sin embargo, copio a continuación la forma de adjudicación prevista en el citado borrador:
"1.- El Consejero de Presidencia y Gobernación, o, en su caso; aquel a quien pueda atribuirse la competencia en razón de la materia, será el órgano competente para la adjudicación provisional del mismo.
Se constituirá una Comisión de Valoración constituida por tres empleados públicos de la Consejería, que evaluará las propuestas según los criterios de adjudicación que se fijarán en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
En todo caso, serán criterios de adjudicación preferentes, las actuaciones en relación a la expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión, la viabilidad técnica y económica del proyecto, la mayor proporción de programas informativos, culturales y de actualidad, la difusión de noticias de Melilla, así como el despliegue y cobertura del servicio.
2.- Una vez concluido el trabajo de evaluación, la Comisión de Valoración aprobará la correspondiente propuesta de resolución que se elevará al órgano competente, es decir al Excrno. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, con el fin de que por parte de este se proceda a la correspondiente adjudicación provisional.
3.- En el plazo máximo de un mes desde la adjudicación provisional, se remitirá al órgano de la Administración General del Estado competente en materia de telecomunicaciones el correspondiente proyecto técnico para su aprobación.
4.- Una vez aprobado el proyecto técnico por el órgano competente estatal, lo que constituye un requisito esencial, el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla procederá a la adjudicación definitiva de la concesión".
O sea, nuevamente traduzco al lenguaje coloquial: el consejero y tres técnicos que trabajan a sus órdenes decidirán sobre las ofertas y no intervendrán miembros de la oposición. Poco comentario hay que hacer al respecto y tampoco comento que hará el Gobierno con las dos programaciones que se reserva, a la vista del funcionamiento actual de Televisión Melilla que usted conoce como yo, lector/a.
[...] ver 26/10/2005, 27/10/2005 y 01/12/2005). Hasta ahora sólo han existido rumores sobre el tema y ha trascendido el interés de varias empresas en concurrir al concurso pero éstas, a priori, no pueden ser meros engrendros creados al efecto po [...]