El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, anunció el pasado viernes que hoy pedirá formalmente audiencia con el Rey Juan Carlos I para hablar del "presente y el futuro de Melilla” y “de todos los temas que afectan”. Según el diario "Melilla Hoy" del pasado sábado, para Imbroda, esta audiencia sería “muy oportuna” para la ciudad, ya que tendría la ocasión de “conversar” con el Rey y escuchar “sus juicios y expresiones” que “para los melillenses, igual que para el resto de españoles, siempre son muy interesantes”, dada su condición de jefe de Estado.
No entiendo este impulso que tiene el presidente de la Ciudad en acudir a entrevistarse con el Rey cuando éste, según el dicho popular tras la aprobación de la Constitución de 1978, "reina pero no gobierna".
No se entiende, a no ser que Imbroda acuda a la Zarzuela en demanda de la función que refleja el artículo 56 del texto de la Carta Magna sobre el Rey, en el cual se define que es el "jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia". Si a ésto unimos que, previsiblemente, Imbroda invitará, nuevamente, a Juan Carlos I a visitar la ciudad, desplazamiento de difícil aprobación para cualquier Gobierno (a la vista de la historia reciente), sólo queda pensar que este movimiento del presidente melillense es un nuevo envite para poner al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en entredicho con respecto al repetido tema de la españolidad de Ceuta y Melilla.
Es lógico que llegue a la conclusión del párrafo anterior, después de observar los movimientos que ha efectuado Imbroda y el Partido Popular desde días antes de la celebración de la Cumbre Hispano Marroquí, durante la cual el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prefirió beber agua a responder sobre una posible soberanía compartida con Marruecos de las dos ciudades norteafricanas. A esta cortesía diplomática de Zapatero, para unos, simple "escaqueo" para otros, han sucedido muchos movimientos del Partido Popular: declaraciones achacando la debilidad del Gobierno con respecto a Marruecos; gira mediática de Imbroda por diferentes ciudades peninsulares para hablar de inmigración y españolidad; moción de los populares sobre españolidad e inmigración en el Congreso; enmienda del PP al borrador de reforma del Estatuto de Andalucía para el trato preferente con Ceuta y Melilla; anuncio de Imbroda de visitar el Parlamento Europeo; imputaciones a Coalición por Melilla y PSOE por la posición adoptada;... hasta la presentación del libro "Historia de Melilla" estuvo revestida de reivindicación sobre la españolidad de la ciudad. Evidentemente, todos estos actos han tenido una repercusión mediática que ha sido aprovechada por el Partido Popular como uno de los temas prioritarios en su labor de oposición. Hay que reconocerlo, es un filón para el desgaste del Ejecutivo de Zapatero, en unos momentos críticos para éste debido a la polémica surgida en el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, la unidad de la patria que se dice.
Sin embargo, con respecto a Ceuta y Melilla, tanta insistencia en la reafirmación de lo que hoy es obvio, gracias a la Constitución de 1978 que garantiza nuestro estatus, preocupa porque, es posible, internacionalmente sólo se entienda esta estrategia de Imbroda y su partido como una defensa desesperada de unos bastiones históricos que, ahora, toman cierto valor, o todo lo contrario, como frontera para mantener a raya la inmigración que busca desesperadamente llegar a Europa.
En definitiva, creo que Imbroda se equivoca en el camino elegido y más valdría que se centrara en entenderse con el Ejecutivo central quien, al fin y al cabo, es el que autoriza la mayoría del dinero que llega a Melilla, ciudad deficitaria en extremo y que lleva muchos años pendiente de una reforma que le permita revitalizar su economía. Hay datos que Imbroda debería tener siempre presente a la hora de actuar: 5.775 desempleados este mes y que se mantiene la tendencia de descenso de población en los últimos años (715 en 2004) a pesar de tener el índice de natalidad más alto de Europa.